05 Sep El ‘muro de silencio’ que protege el abuso policial
Por Bob Wing
Los legisladores de California han aprobado varias reformas de justicia penal desde que surgió el movimiento Black Lives Matter hace dos años.
Pero sigue rechazando firmemente cualquier reforma a la draconiana Declaración de Derechos Policiales.
En California hace más de treinta años los demócratas aprobaron la Declaración de Derechos Policiales para proteger a los policías honestos de investigaciones internas injustas, pero rápidamente se transformó en una red de seguridad para los policías malos.
El ex Juez de la Corte Suprema de California, Cruz Reynoso, denuncia la Declaración de Derechos Policiales como algo que ha levantado un ‘muro de silencio’ contra la comunidad.
En los últimos treinta años los sindicatos policiales y los que los apoyan han tenido éxito no sólo en prevenir los intentos de reformar la ley, sino que han construido una barrera prácticamente impenetrable que limita el acceso público a los expedientes disciplinarios policiales y las quejas de civiles en California.
“California es el estado más restrictivo en la nación cuando se trata de secretos policiales”, dijo Jim Chanin, ex abogado de ACLU en San Francisco. Es “el pequeño secreto sucio de California”.
Declaración de derechos policiales, el “pequeño secreto sucio de California”.
Por ley estatal, los expedientes de personal de la policía son confidenciales, incluyendo datos personales, promociones, expedientes de evaluación y disciplina, así como lo que la ley define como “cualquier otra información cuya revelación podría constituir una invasión no necesaria a la privacidad personal”. Sólo una orden judicial puede obligar su revelación como parte de un caso penal o una demanda civil.
Las protecciones extraordinarias de la policía en California se hicieron casi infalibles en 2006 cuando la Corte Suprema de California falló en el caso de Copley Press vs. Superior Court que las comisiones civiles policiales no podían revelar públicamente sus hallazgos sobre mal comportamiento por parte de la policía.
Esto hace extremadamente difícil identificar, mucho menos procesar, el mal comportamiento policial.
Este verano, la legislatura rechazó dos intentos de reforma basados en el sentido común. Mató una medida auspiciada por el miembro de la asamblea Bill Quirk que permitiría al público solicitar el video de cámaras que llevan en sus cuerpos los agentes en incidentes en las que los agentes están acusados de uso excesivo de fuerza.
También rechazó una iniciativa por Senador Mark Leno que hubiera permitido al público conseguir información sobre investigaciones policiales sobre incidentes donde disparan los agentes y otros usos serios de fuerza.
Los sindicatos policiales de California, muy organizados y bien financiados, que entregan decenas de millones de dólares a los legisladores, argumentan que las garantías son de suma importancia para la seguridad de los agentes, pero según el Orange County Register, “virtualmente no existen evidencias para respaldar esta afirmación”.
Después de una amplia investigación, el Register concluyó: “El argumento que la vida de los agentes policiales depende de la privacidad se ha usado para negar las solicitudes de información pública en todos los Estados Unidos. Pero rara vez, o casi nunca, puede la policía ofrecer pruebas para sustentar ese argumento”.
David Kling, un ex agente de LAPD y experto en la fuerza letal en la Universidad de Missouri, le dijo al Register: “Yo conozco a miles de agentes de policía que han participado en incidentes donde dispararon que fueron nombrados y nunca han habido problemas. No creo que la práctica normal de no entregar los nombres sea una buena práctica”.
“Cuando [los policías] cometen una violación, ¿por qué no deben estar a la luz pública”?
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